El sector turístico está experimentando en los últimos años cambios estructurales a nivel global relacionados con la irrupción de las nuevas tecnologías y la necesidad de transversalizar la gestión ambiental y climática en la gestión de los destinos. Estos factores están generando nuevos modelos de gobernanza y alterando las reglas de juego del ecosistema turístico.
Como respuesta a estos fenómenos, los fundamentos de la intervención administrativa han variado sustancialmente en las últimas décadas, incrementando progresivamente las ramas del derecho que afectan directa o indirectamente al sector.
Junto a la necesidad de preservar la extraordinaria importancia económica del turismo han ido emergiendo otros motivos que justifican la regulación como, por ejemplo, la necesidad de preservar el patrimonio cultural y natural de los destinos, de garantizar la protección del turista o de equilibrar las reglas de competencia entre los actores digitales y los prestadores de servicios turísticos tradicionales, entre otros.
Estos factores están aumentando la complejidad del marco normativo y ampliando continuamente las áreas regulatorias que hay que conocer desde el sector turístico. Asimismo, la crisis del turismo internacional derivada del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de reequilibrar las responsabilidades de los distintos actores del sector para enfrentar las nuevas condiciones del mercado turístico post pandémico, además de reforzar la coordinación regional entre los marcos jurídicos y reguladores de los distintos países de ALC para responder a retos globales.
Todas estas nuevas tendencias implican cambios para el estatus quo de la regulación del sector. En el caso concreto de la región de ALC, la complejidad de la gobernanza turística regional dificulta el cumplimiento de los criterios necesarios para lograr una regulación sectorial efectiva: hay regulaciones que se están quedando desfasadas, que generan costos elevados, o que no vienen respaldadas por evidencia o por la participación de los actores interesados a lo largo del ciclo regulatorio.
En este contexto, la UN Turismo y el BID han decido crear conjuntamente el Observatorio para dar una mejor respuesta a la necesidad de analizar la normativa turística vigente en los distintos países de ALC a fin de, por un lado, establecer un marco orientador general para la consecución de una normativa armonizada, coherente y actualizada para el sector y, por otro lado, optimizar los modelos de gobernanza del proceso regulatorio turístico.
El Observatorio de la UN Turism y del BID se dirige a todos los actores del sector turístico de la región, ya sea en su condición de reguladores, sujetos regulados o afectados por la regulación sectorial. El Observatorio pretende facilitar la comunicación entre todos estos actores y proporcionar la información y conocimiento necesarios, en tiempo real, para fomentar el conocimiento del Derecho del Turismo e impulsar acciones proactivas y el intercambio de las mejores prácticas regulatorias. Asimismo, el Observatorio impulsará la progresiva armonización de la legislación turística, respetando las concepciones jurídicas y técnicas propias de cada país, para facilitar la consecución de marcos jurídicos y modelos de gobernanza eficaces y participativos a lo largo del proceso regulatorio.